El titular de Justicia y Derechos Humanos de José Antonio Kast defendió la facultad presidencial para otorgar estos beneficios, generando cuestionamientos sobre la coherencia del gobierno con su discurso de «mano dura» y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de José Antonio Kast, señaló ayer en una entrevista con Mónica Rincón en CNN Chile que no descarta la posibilidad de conceder indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y por delitos de abuso sexual contra menores.
Durante la entrevista, Rincón consultó al ministro y ex-integrante del equipo de defensa del dictador Augusto Pinochet sobre los límites de la facultad presidencial para otorgar indultos, y si existen delitos que, por su gravedad, debieran quedar excluidos de ese beneficio.
“¿Usted no cree que las violaciones de derechos humanos sean imposibles de indultar?” consultó la periodista.
“Es que va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo, que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito, los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente”, respondió el ministro.
Un poco más adelante, la conductora llevó la discusión al caso puntual de los delitos sexuales contra menores.
“¿Se acuerda que fue muy polémico en la campaña? ¿Un violador de niños puede ser merecedor de un indulto?”, cuestionó Rincón.
“Va a depender mucho de las circunstancias en que esa persona esté en el momento. Entonces, claro, per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente, si un determinado antecedente a usted le permite pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente”, contestó Rabat.
Rabat también afirmó durante la entrevista que, desde el inicio del gobierno, el Ejecutivo ha recibido más de cuarenta solicitudes de indulto, entre ellas las de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, así como de detenidos relacionados con el estallido social y de reos por delitos comunes.
Estas declaraciones contrastan con lo planteado durante la campaña presidencial y con lo expresado recientemente por José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, donde ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso de aplicar una política de “mano dura” contra la delincuencia.
Sin embargo, hoy pareciera que todo el rigor de la ley recae sobre los sectores más vulnerables y quienes manifiestan su descontento con el rumbo del gobierno, mientras personas condenadas por vulnerar derechos fundamentales podrían acceder a beneficios otorgados por esta administración de extrema derecha.
La política “humanitaria” del gobierno, que contempla revisar todos los casos y mantiene abierta la posibilidad de conceder estos indultos, contraviene las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y contribuye a perpetuar la impunidad de quienes cometieron deliberadamente crímenes de lesa humanidad.
