El pasado 7 de julio, los diputados Cristóbal Urruticoechea (Nacional Libertario), Ximena Ossandón (Renovación Nacional), Álvaro Jofré (Nacional Libertario), Chiara Barchiesi (Partido Republicano), Catalina del Real (Partido Republicano) y Claudia Reyes (Partido Republicano) presentaron un proyecto de ley, llamado “Escucha su corazón”, que propone modificar el Código Sanitario. La iniciativa establece el deber del personal médico de informar a quienes deseen interrumpir voluntariamente su embarazo sobre la posibilidad de escuchar el latido cardíaco del feto, en caso de que este exista.
Además, el proyecto plantea que, si la paciente rechaza escuchar los latidos, el personal de salud tratante podría abstenerse de realizar el procedimiento. Esta disposición ha generado cuestionamientos debido al eventual impacto que podría tener en el acceso a la interrupción del embarazo bajo las tres causales establecidas por la ley.
Según los parlamentarios que impulsan la iniciativa, su objetivo es que las mujeres que decidan abortar tengan “conciencia plena” del procedimiento y, de acuerdo con sus argumentos, contribuir a la defensa de la vida del que califican como “aún no nacido”. Sin embargo, la propuesta ha sido cuestionada por el riesgo de que, bajo el argumento de proteger una vida, se termine restringiendo el derecho de las mujeres a acceder a una prestación contemplada por la legislación, como lo es digno derecho de aborto bajo tres causales.
Desde la sociedad civil y de manera transversal, con críticas provenientes tanto de la izquierda como de sectores de la derecha, se ha cuestionado esta propuesta por considerarla regresiva y perjudicial para las mujeres. Quienes recurren a la interrupción voluntaria del embarazo son conscientes de lo que implica esta decisión, por lo que la medida ha sido calificada como condescendiente e incluso ofensiva.
En Chile, el aborto está permitido únicamente bajo tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación. Ante este escenario, surge la interrogante sobre por qué se busca establecer nuevas trabas para acceder a una prestación destinada a mujeres que ya atraviesan situaciones especialmente complejas. La propuesta, además, podría obligarlas a someterse, sin su consentimiento, a una experiencia que ha sido cuestionada como una forma de presión o tortura psicológica.
Pero las vulneraciones hacia mujeres embarazadas por parte de sectores conservadores y agentes del Estado tampoco son nuevas. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, numerosas mujeres embarazadas fueron detenidas, torturadas y, en muchos casos, hechas desaparecer.
Entre las detenidas desaparecidas que se encontraban embarazadas estaban María Cecilia Labrín, con tres meses de gestación; Cecilia Bojanic, con cuatro meses; Gloria Lagos Nilsson, con tres meses y medio; Diana Arón, con tres meses; Jacqueline Drouilly, con tres meses; Nalvia Mena, con tres meses; Elizabeth Rekas, con cuatro meses; Michelle Peña, con ocho meses; y Reinalda Pereira, con cinco meses de embarazo.
Esta última pasó por el sitio de memoria Irán 3037, conocido durante la dictadura como Venda Sexy, donde fue detenida y posteriormente desaparecida. Su caso forma parte de la memoria de las mujeres embarazadas que fueron víctimas de la represión estatal durante ese periodo.
Frente a esta propuesta regresiva e inhumana, es necesario alzar la voz y defender los derechos adquiridos de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. No se pueden permitir retrocesos que vulneren los derechos de quienes ya atraviesan situaciones difíciles y toman decisiones libres y soberanas sobre sus propios cuerpos.
