La Ley N.º 21.775 creó esta nueva condición jurídica, cuyo registro comenzó a operar durante el primer semestre de 2026. Familiares y especialistas destacan su valor simbólico y sus efectos prácticos.
En octubre de 2025, el Gobierno del ex presidente Gabriel Boric promulgó la Ley N.º 21.775, que creó en Chile la calificación jurídica de “persona ausente por desaparición forzada” y estableció un registro especial para quienes fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
La norma busca que el Estado reconozca oficialmente la ausencia de estas personas y entregue a sus familias una herramienta de reparación. La ley también creó el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, de carácter electrónico, público y gratuito, cuya administración corresponde al Servicio de Registro Civil e Identificación.
La nómina de personas que deben incorporarse es elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos a partir de antecedentes provenientes de informes de verdad y justicia y de sentencias judiciales. Aunque la ley fue promulgada en octubre de 2025, su implementación se concretó durante el primer semestre de 2026.
El Registro Civil tenía como plazo máximo el 27 de abril de 2026 para ponerlo en funcionamiento. Posteriormente, en junio de 2026, el Ministerio de Justicia informó que ya estaba disponible la solicitud en línea y gratuita del certificado asociado al Registro, lo que confirma que la nueva calificación jurídica pasó a ser un mecanismo efectivamente operativo.
Una lucha de décadas
Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), actual diputada por el distrito N.° 13 e hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro, destacó que la lucha de los familiares ha sido larga, dolorosa y extenuante. La parlamentaria explicó que, ante la ausencia de un reconocimiento legal de la desaparición forzada, sus familiares continuaban figurando como personas vivas, incluso en los registros electorales, donde se les asignaban mesas de votación.
“Lo primero que hizo la dictadura fue negar que existían personas detenidas desaparecidas. No sé si acá puede haber satisfacción, pero sí una gran calma de saber que ya se les reconocerá como lo que son”, reflexiona Pizarro.
Frente a esto, los familiares impulsaron el proyecto de ley para que Chile reconociera oficialmente una tercera condición jurídica: personas vivas, muertas y personas ausentes por desaparición forzada.
«Impulsamos este proyecto de ley, que por suerte es una realidad, y ahora los familiares están en condición de que el Estado de Chile les reconozca como lo que son: personas ausentes por desaparición forzada. Que nadie diga la estupidez de que “pensamos que están vivos”. Sabemos que, con una dictadura tan sangrienta, eso es imposible», sentencia la parlamentaria.
Una deuda histórica
Paulina Zamorano, abogada especialista en derechos humanos y ex jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, explicó que esta medida busca saldar una deuda histórica con las familias, que durante décadas debieron realizar trámites individuales para acreditar la ausencia de sus seres queridos. El principal cambio es que el Estado asume directamente el reconocimiento de estas personas como víctimas de desaparición forzada, en lugar de trasladar esa responsabilidad a sus familiares.
“Era una deuda histórica, los familiares lo solicitaron desde el día uno del retorno de la democracia. Fue una exigencia”, relata Zamorano.
Esto tiene una dimensión tanto simbólica como práctica: permite entregar memoria, justicia y dignidad a las víctimas y sus familias, y facilita trámites patrimoniales y administrativos que antes generaban dificultades. Para implementar el registro, se trabajó con información recopilada por el Programa de Derechos Humanos. La nómina oficial contempla 1.469 víctimas de desaparición forzada, aunque Zamorano recalcó que esta cifra es dinámica y puede modificarse a partir de nuevas investigaciones y resoluciones judiciales.
“Es el hecho de tener un documento por parte del Estado que acredita esa condición. Y eso es entregar justicia, memoria y dignidad a todas las víctimas, pero también a sus familiares”, concluye la abogada.
La exjefa del Programa de Derechos Humanos también destacó el impacto emocional y simbólico del certificado para las familias: no entrega necesariamente información que ellas desconocieran, sino que constituye un documento oficial mediante el cual el Estado reconoce esa condición. Finalmente, Zamorano manifestó preocupación por posibles retrocesos institucionales impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, como también ajustes presupuestarios y debilitamiento de organismos vinculados a los derechos humanos, y llamó a la sociedad civil a mantenerse vigilante.
