La salida de los últimos tres internos incorporados durante la administración de Gabriel Boric volvió a generar cuestionamientos sobre el carácter excepcional del recinto.
El traslado de los tres reos comunes que permanecían en el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido históricamente como Punta Peuco, volvió a instalar el debate sobre el futuro de uno de los recintos penitenciarios más controvertidos del país.
La medida, concretada por Gendarmería a fines de mayo, significó que el establecimiento quedara nuevamente ocupado exclusivamente por personas condenadas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
La decisión se produjo apenas meses después de que el gobierno de Gabriel Boric impulsara la reconversión de Punta Peuco en una cárcel común, una medida anunciada durante la Cuenta Pública de 2025. El objetivo de esa transformación era poner fin al carácter especial del penal y avanzar hacia una homologación de las condiciones carcelarias, incorporando internos condenados por delitos comunes junto a los ex-uniformados que cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad.
En noviembre de 2025 ingresó al recinto el primer preso común, Clemente Espinoza Fuentes, condenado por abuso sexual de una menor. Posteriormente se sumaron otros dos internos, convirtiéndose en los únicos reclusos por delitos comunes alojados en el establecimiento. Sin embargo, menos de un año después, los tres fueron trasladados a otros recintos penitenciarios del país.
Según informó Gendarmería, la reubicación respondió a solicitudes voluntarias presentadas por los propios internos y obedeció a razones técnicas, descartando motivaciones políticas detrás de la decisión.
No obstante, el traslado generó controversia durante la última semana. Parlamentarios y organizaciones de derechos humanos cuestionaron que la salida de los tres reos comunes pudiera significar un retroceso respecto de la política impulsada por la administración anterior.
Desde sectores opositores al gobierno de José Antonio Kast acusan que la medida contribuye a restablecer el carácter excepcional de Punta Peuco y envía una señal favorable hacia los condenados por violaciones a los derechos humanos.
La polémica aumentó cuando Kast reconoció públicamente, en una entrevista con Meganoticias, que el traslado fue una decisión impulsada por su gobierno como parte de una reformulación más amplia del sistema penitenciario. El mandatario defendió la medida señalando que forma parte de sus atribuciones constitucionales y de una estrategia orientada a reorganizar las cárceles del país, especialmente en materia de seguridad y segregación de la población penal.
Mientras el Ejecutivo insiste en que el traslado responde a criterios administrativos y de gestión penitenciaria, el episodio reabrió un debate histórico en Chile: cuál debe ser el lugar de Punta Peuco dentro del sistema carcelario y cómo el Estado aborda el cumplimiento de condenas por crímenes de lesa humanidad. A más de tres décadas de su creación, el recinto continúa siendo un símbolo de las tensiones entre la justicia, la memoria y la política.
