El gobierno ultraderechista de José Antonio Kast, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DDHH, nuevamente optó por no intervenir ante un recurso presentado por un condenado por violaciones a los derechos humanos. En esta ocasión se trata de Raúl Francisco Areyte Valdenegro, condenado a siete años y seis meses de presidio como autor de catorce homicidios calificados
El pasado 10 de junio Areyte interpuso un recurso de amparo contra la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que esta rechazara por unanimidad su solicitud para acceder al beneficio de libertad condicional.
La situación quedó plasmada en una carta enviada a la jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, por los abogados querellantes Nelson Caucoto, Andrea Gattini, Francisco Ugás y Francisco Bustos, quienes cuestionaron la decisión del organismo de no comparecer para oponerse al recurso presentado por el condenado.
Los crímenes
El 3 de octubre de 1973, catorce campesinos del asentamiento El Escorial, en la comuna de Paine, fueron detenidos por efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Posteriormente fueron trasladados al sector de Cuesta Chada, donde fueron ejecutados con armas de fuego y sus cuerpos ocultados en una quebrada.
Estos hechos forman parte de la denominada Masacre de Paine, una serie de operativos represivos perpetrados entre septiembre y octubre de 1973 que dejaron 38 campesinos y trabajadores agrícolas asesinados o desaparecidos. La investigación judicial estableció la participación de efectivos militares en las detenciones y ejecuciones, atribuyendo responsabilidad penal a diversos ex integrantes del Ejército.
En 2022, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva y condenó a Raúl Francisco Areyte Valdenegro como autor de catorce homicidios calificados, estableciendo que las víctimas fueron ejecutadas poco después de su detención.
Las implicancias para el gobierno
Las investigaciones sobre la Masacre de Paine también establecieron la colaboración de civiles con los operativos represivos. El periodista Javier Rebolledo reveló en su libro La sombra de los cuervos (2015) que, durante la investigación judicial, prestaron declaración el hermano mayor del presidente José Antonio Kast, Cristian Kast, en calidad de testigo, y su padre, Michael Kast, como inculpado (aunque nunca fue procesado) debido a que también facilitó un camión a Carabineros de la Subcomisaría de Paine.
La relación de parentesco entre quienes fueron investigados por estos crímenes y quien hoy ejerce la Presidencia de la República constituye un antecedente que no debiera ser minimizado. Del mismo modo, resulta relevante examinar la decisión del Gobierno de no intervenir frente a recursos presentados por condenados por violaciones a los derechos humanos, considerando el deber del Estado de contribuir al cumplimiento efectivo de las condenas impuestas por los crímenes cometidos durante la dictadura.
