La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó antecedentes al Gobierno ultraderechista de José Antonio Kast luego de una audiencia pública realizada el 5 de agosto en Washington D. C., Estados Unidos, donde más de 80 organizaciones chilenas denunciaron retrocesos en derechos humanos, memoria y justicia.
La presentación se concentró en cuatro ejes: recortes y debilitamiento del Estado, institucionalidad de derechos humanos, situación de los sitios de memoria y puntualmente el caso de Colonia Dignidad, y cumplimiento de condenas contra responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Recortes y debilitamiento del Estado
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a los recortes presupuestarios implementados durante los primeros meses del Gobierno de Kast. Las organizaciones sostuvieron que estas medidas no serían sólo ajustes fiscales, sino que estarían reduciendo las capacidades estatales para garantizar derechos.
Entre los organismos mencionados se encuentran el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), programas de Atención Primaria de Salud, iniciativas relacionadas con pueblos indígenas y políticas de prevención de la violencia de género. En particular, se cuestionó el Decreto Supremo N.º 338, que estableció un recorte transversal del 3% del gasto público.
Según los antecedentes expuestos, el INE habría sufrido un recorte de 652 millones de pesos y la eliminación de la Encuesta Laboral. En el caso del INJUV, se señaló una proyección de caída cercana al 47% de su presupuesto y del 75% de su dotación. También se denunciaron reducciones en programas de salud mental, prevención del suicidio, atención a personas mayores, población migrante y personas trans.
Las organizaciones argumentaron que las medidas regresivas en derechos humanos deben ser justificadas, necesarias y proporcionales, además de considerar el máximo de recursos disponibles.
Debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos
El segundo eje estuvo relacionado con la eliminación o reducción de organismos y programas especializados. Las organizaciones denunciaron un patrón de desmantelamiento que podría afectar las capacidades estatales para garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Entre los casos expuestos estuvo la eliminación de la Unidad de Identificación y Registro de Víctimas de Violencia Institucional y el cierre de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares. A esto se sumó la reducción de equipos del Programa de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.
También se denunció el retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos de la Contraloría, la eliminación de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales y la desarticulación de la Comisión de Verdad y Niñez.
Otro punto de preocupación fue el eventual debilitamiento de la autonomía y capacidad fiscalizadora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de su posibilidad de presentar querellas.
Sitios de memoria y ex Colonia Dignidad
La situación de los sitios de memoria fue otro de los puntos centrales. Según los antecedentes presentados, en Chile existen 1.132 lugares identificados como centros de detención, tortura y exterminio. Sin embargo, sólo 72 han sido reconocidos oficialmente como sitios de memoria y 33 son administrados por organizaciones de derechos humanos. De estos últimos, sólo cinco contarían con financiamiento permanente del Estado.
La presentación sostuvo que el presupuesto del Programa Sitios de Memoria habría sufrido una reducción del 50%, dejando sólo ocho sitios con recursos mediante concurso y obligando a otros a sostenerse principalmente mediante autogestión.
Las organizaciones señalaron que estos espacios permiten preservar la memoria histórica, desarrollar procesos educativos y contribuir a las garantías de no repetición, por lo que su debilitamiento comprometería las obligaciones internacionales asumidas por Chile.
Uno de los casos que generó mayor preocupación fue la ex Colonia Dignidad. Las organizaciones cuestionaron la decisión del Gobierno de revertir la expropiación del sitio y sostuvieron que el recinto continúa bajo propiedad privada de los perpetradores y sus herederos.
Según lo expuesto ante la CIDH, esto podría dificultar la preservación de infraestructura y evidencias relevantes para investigaciones judiciales y el Plan Nacional de Búsqueda. Las organizaciones calificaron la decisión como un retroceso en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.
Beneficios penitenciarios para condenados por crímenes de lesa humanidad
El último eje abordó el cumplimiento de condenas contra responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Las organizaciones cuestionaron las instrucciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, según denunciaron, habrían impedido a abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir en procesos relacionados con la revisión de penas.
Según los antecedentes entregados, durante 2026 se registraron 47 solicitudes de condenados por crímenes de lesa humanidad para acceder a beneficios como reducción de penas, arresto domiciliario, libertad condicional o acumulación de condenas.
De las 23 solicitudes que llegaron a audiencias en Cortes de Apelaciones, el Programa de Derechos Humanos no habría intervenido o se habría desistido de recursos en 20 ocasiones por instrucciones del Ministerio de Justicia.
Las organizaciones calificaron esta situación como “indultos pasivos”, argumentando que la ausencia de oposición estatal podría facilitar el acceso de condenados a beneficios penitenciarios y debilitar el cumplimiento efectivo de las penas. Además, señalaron que en dos casos se produjo la liberación inmediata de los agentes y en otro se redujo la condena.
CIDH solicita información al Gobierno
Tras escuchar los planteamientos, la CIDH solicitó información al Ejecutivo sobre distintos aspectos de las medidas denunciadas, entre ellos el Plan Nacional de Búsqueda, las evaluaciones realizadas antes de implementar cambios institucionales y los reajustes presupuestarios.
Al cierre, las organizaciones solicitaron a la CIDH que inste al Estado chileno a prevenir retrocesos y preservar sus capacidades institucionales. También pidieron fortalecer el reconocimiento y financiamiento de los sitios de memoria, avanzar en la expropiación de la ex Colonia Dignidad y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas por violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, solicitaron que el organismo mantenga un seguimiento reforzado de la situación en Chile, requiera información periódica al Estado y evalúe una eventual visita al país.
