A un mes del inicio del gobierno de extrema derecha de José Antonio Kast, la gran
cantidad de cambios y anuncios ha copado la agenda mediática, dificultando seguir con
claridad todo lo que está ocurriendo. En este contexto, las áreas de memoria y derechos
humanos tampoco han quedado al margen.
Si bien durante la campaña, Kast evitó profundizar en estas materias más sensibles, ya
como presidente ha comenzado a impulsar medidas que apuntan a retrocesos en la búsqueda
de justicia y verdad sobre lo ocurrido en el país durante la dictadura cívico-militar de
Augusto Pinochet.
Colonia Dignidad
El domingo 29 de marzo, Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, anunció en una
entrevista con La Tercera la cancelación de la expropiación de Colonia Dignidad. La
iniciativa, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric para establecer un sitio de memoria,
fue descartada por motivos de recortes presupuestarios.
Cabe recordar que Colonia Dignidad fue un asentamiento sectario fundado por
alemanes en el sur de Chile, donde se cometieron graves delitos entre 1961 y 2005. Sus
integrantes y sus hijos vivieron en condiciones de aislamiento, sometidos a explotación y
abusos sexuales. Durante la dictadura de Pinochet, el lugar también fue utilizado para torturar
y asesinar a opositores al régimen.
Indultos y conmutación
El martes 31 de marzo fue un día especialmente agitado. Durante una entrevista con la
Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Kast confirmó que haría uso de la facultad de
indulto para beneficiar a personas condenadas, sin excluir a quienes lo estén por violaciones a
los derechos humanos.
Por ahora, la mayoría de los posibles indultos que se mencionan se vinculan con la
represión del estallido social. Entre ellos aparece el ex capitán de Carabineros Patricio
Maturana, responsable de la agresión contra la senadora Fabiola Campillai, quien fue
condenado a 12 años de cárcel por apremios ilegítimos.
Sin embargo, la posibilidad de que personas condenadas por su participación durante
la dictadura accedan a beneficios no resulta lejana. Esto se explica por la cercanía de Kast y
el Partido Republicano con estas figuras, además de la tramitación en el Congreso de un
proyecto de ley que busca conmutar penas para mayores de 75 años, lo que podría favorecer a
quienes cumplen condena en Punta Peuco.
Plan de Búsqueda
Ese mismo 31 de marzo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por
Fernando Rabat (ex abogado de Augusto Pinochet), desvinculó a tres funcionarias
relacionadas con el Plan Nacional de Búsqueda: Paulina Zamorano, jefa del Programa de
Derechos Humanos; Tamara Lagos, encargada del área de archivos e investigación
documental; y Magdalena Garcés, responsable del área de búsqueda y trayectorias.
En reemplazo de Zamorano asumió Constanza Garrido, abogada que previamente se
desempeñó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El plan, lanzado en 2023, tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de
desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, así como
determinar su paradero.
¿Qué sigue?
Considerando estos primeros y preocupantes pasos del gobierno de Kast en materia de
derechos humanos y memoria, surge de forma natural la pregunta sobre lo que vendrá a
continuación. Las expectativas apuntan a posibles retrocesos mayores.
Frente a ese escenario, espacios como el Sitio de Memoria Irán 3037, junto a otros
lugares de recuerdo, adquieren un rol aún más relevante: mantener viva la historia para evitar
que estos hechos se repitan en el futuro cercano.
