El máximo tribunal ratificó el amparo a su favor y resolvió sin audiencia, mientras querellantes cuestionan la decisión y acusan que se ignoraron informes que advierten una posible simulación de su deterioro mental.
La Corte Suprema confirmó hoy la liberación del ex-agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) César Raúl Manríquez Bravo, de 95 años, al ratificar el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que acogió un recurso de amparo a su favor.
En su resolución, el máximo tribunal mantuvo la sentencia previa que permitió al condenado salir de prisión. El caso se resolvió sin audiencia, es decir, sin alegatos de las partes, al considerar suficientes los antecedentes que acreditaban un deterioro mental irreversible.
De acuerdo con el tribunal, informes del Servicio Médico Legal establecieron que el exagente presenta un síndrome demencial equivalente a una enajenación mental, por lo que requiere cuidados permanentes y no representa un riesgo para terceros.
Sin embargo, una de las abogadas querellantes, Andrea Gattini, expresó tras la sentencia anterior su preocupación por el contenido del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel. A su juicio, el tribunal desestimó un informe psiquiátrico que planteaba la posibilidad de simulación, elaborado sobre la base de todos los antecedentes médicos del evaluado, incluidos exámenes de imágenes cerebrales.
Además, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos (ANFUDDHH) acusó, mediante un comunicado, que la autoridad ordenó no apelar la resolución de la Corte de Apelaciones, lo que calificaron como una señal preocupante que “va en contra de los estándares del derecho internacional”.
Cabe señalar que el ex-agente de la DINA ya no estaba recluido en Punta Peuco, sino que permanecía internado en el Hospital Militar. Ahora Manríquez quedará bajo el cuidado de su esposa, Georgina Langer Von Furstenberg, en su domicilio.
¿Quién es César Manríquez?
Manríquez, general del Ejército, se desempeñó como jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, además de dirigir los centros de detención de Villa Grimaldi y Rinconada de Maipú. Permanecía recluido cumpliendo múltiples condenas de distinta duración por crímenes de lesa humanidad.
Entre los casos más conocidos por los que había sido sentenciado figuran el secuestro de los cineastas Jorge Müller y Carmen Bueno, así como diversas desapariciones vinculadas a la Operación Colombo.
A ello se suman los episodios Luz de las Nieves Ayress Moreno; Luis Francisco González Manríquez; Roberto Chaer Vásquez, Héctor González Fernández y Carlos Fernández Zapata; Londres 38; María Inés Alvarado Borgel y Martín Elgueta Pinto; Sergio Emilio Vera Figueroa; Juan Bautista Barrios Barros y otros; Luis Fernando Fuentes Riquelme; Miguel Humberto Enríquez Espinosa; Rosetta Pallini González; Néstor Alfonso Gallardo Agüero; Joel Huaiquiñir Benavides; Sonia de las Mercedes Bustos Reyes; Daniel Reyes Piña; Eduardo Miranda Lobos; Claudio Venegas Lazzaro; Amelia Bruhn Fernández; Marcelo Salinas Eytel; Mamerto Espinoza Henríquez; José Flores Araya y Rodolfo González Pérez; Héctor Vergara Doxrud; Germán Moreno Fuenzalida, y el episodio Villa Grimaldi (cuaderno principal).
En estas causas, la justicia acreditó la participación de Manríquez en secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, aplicación de tormentos y torturas en recintos clandestinos tanto por su intervención directa como por su rol de jefatura en estructuras donde estas prácticas eran sistemáticas.
Entre los métodos más documentados de tortura se incluyen golpes, aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo (conocida como “parrilla”), colgamientos, simulacros de fusilamiento, asfixia, violencia sexual, privación de sueño y de alimentos, y amenazas contra familiares de los detenidos.
Ante este historial de violaciones graves y deliberadas a los derechos humanos, sumado al silencio que Manríquez ha mantenido respecto del paradero de detenidos desaparecidos y de otros antecedentes que podrían contribuir a la justicia, se vuelve necesario cuestionar su liberación y advertir el preocupante precedente que podría implicar en materia de impunidad en nuestro país.
