El asesinato del joven de 16 años, ocurrido durante las movilizaciones sociales de 2011 en Macul, marcó a su familia y a la comunidad. Su caso expuso el uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes y dio paso a una larga búsqueda de justicia, cuyo legado permanece vigente ante los desafíos actuales en materia de libertades civiles.
El 25 de agosto de 2011, durante el paro nacional de 48 horas convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en demanda de mejoras laborales y sociales, se produjeron enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes en la zona sur de Santiago, específicamente en las cercanías de la población Jaime Eyzaguirre, en nuestra comuna de Macul. En ese contexto, Manuel Gutiérrez y su hermano, Gerson Gutiérrez, se dirigieron al lugar para observar las manifestaciones.
Manuel tenía 16 años. Participaba en el coro de su iglesia y era descrito por sus padres como un joven cariñoso, con la esperanza de que se convirtiera en el primer profesional de su familia. Sin embargo, aquella noche su vida fue truncada.
Mientras se dirigía junto a su hermano hacia la pasarela de Avenida Américo Vespucio para observar las manifestaciones, Manuel fue alcanzado en el pecho por un disparo de una subametralladora Uzi.
En un primer momento, las autoridades negaron que Carabineros hubiera efectuado disparos contra los manifestantes y señalaron que Manuel podría haber sido víctima de un ajuste de cuentas. Sin embargo, el 28 de agosto de ese mismo año, un informe pericial balístico elaborado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones (PDI) estableció que el proyectil que impactó a Manuel correspondía al arma que portaba el carabinero Ricardo Millacura.
El funcionario policial quedó detenido en calidad de imputado por el delito de homicidio y el caso pasó a manos de la Fiscalía Militar. Tras tres años de investigación, el tribunal condenó a Millacura por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte y por violencias innecesarias causando lesiones menos graves a otro joven. No obstante, el tribunal sustituyó las penas privativas de libertad, que sumaban tres años y 61 días, por un régimen de libertad vigilada durante el mismo período.
Tras años de movilización y de lucha impulsada por organizaciones y movimientos sociales, en 2016 se estableció que los crímenes cometidos por integrantes de las policías debían ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria y no por la justicia militar, como ocurría anteriormente.
Siete años después de la muerte de Manuel, su familia creó la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial, con el propósito de acompañar y apoyar a quienes han enfrentado situaciones similares. La organización también se convirtió en un espacio para mantener viva la memoria de Manuel y conmemorar cada año su fallecimiento. Cada aniversario de su muerte nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria de quienes perdieron injustamente la vida y de defender los derechos fundamentales a la protesta, la libertad y una vida digna. Frente a los retrocesos que se impulsan en materia de seguridad y represión por el gobierno ultraderechista de José Antonio Kast, recordar a Manuel Gutiérrez no es solo un acto de memoria: es también una forma de reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos y con la defensa de las libertades fundamentales
