El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. La fecha busca visibilizar las consecuencias de esta grave violación a los derechos humanos, reafirmar el compromiso internacional con su erradicación y promover la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde el 26 de junio de 1987.
La tortura constituye una de las vulneraciones más graves a la integridad humana. Según la Asociación para la Prevención de la Tortura, esta práctica es “un atentado contra la humanidad y la dignidad de una persona. Es una grave violación de los derechos humanos que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia”.
La efeméride cobra especial relevancia en nuestro país debido a los casos de tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y civiles durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En el caso de nuestro sitio, en agosto de 2023 la Corte Suprema confirmó las condenas contra los exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Rivas Díaz y Hugo Hernández Valle por los delitos de secuestro calificado, aplicación de tormentos y violencia sexual cometidos contra diez víctimas que permanecieron detenidas en el recinto clandestino entonces conocido como “Venda Sexy”. El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y ratificó penas de 15 años y un día de presidio efectivo para los responsables.
La sentencia representa un importante avance en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la tortura durante la dictadura, reafirmando el carácter de lesa humanidad de estos crímenes.
Pero esta efeméride adquiere una dimensión particularmente significativa a nivel nacional ante diversas declaraciones y acciones impulsadas por el actual gobierno de José Antonio Kast, las cuales han sido cuestionadas por relativizar o minimizar los crímenes perpetrados en Chile entre 1973 y 1990.
Uno de los ejemplos más claros corresponde a la intención manifestada por el Ejecutivo y, en particular, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat —quien anteriormente integró equipos jurídicos de defensa del exdictador Augusto Pinochet—, de promover medidas de indulto en favor de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, incluidos casos vinculados a la práctica de la tortura.
De concretarse, esta iniciativa significaría una nueva revictimización para quienes sufrieron estos crímenes y para sus familias, al debilitar los principios de la verdad, justicia y reparación que deben guiar las acciones del Estado. Por ello, la defensa de estos valores fundamentales no puede limitarse a una sola jornada, sino que debe constituir un compromiso permanente de la sociedad, con el fin de impedir cualquier retroceso.
