Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupaci\u00f3n de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), actual diputada por el distrito N.\u00b0 13 e hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro, destac\u00f3 que la lucha de los familiares ha sido larga, dolorosa y extenuante. La parlamentaria explic\u00f3 que, ante la ausencia de un reconocimiento legal de la desaparici\u00f3n forzada, sus familiares continuaban figurando como personas vivas, incluso en los registros electorales, donde se les asignaban mesas de votaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLo primero que hizo la dictadura fue negar que exist\u00edan personas detenidas desaparecidas. No s\u00e9 si ac\u00e1 puede haber satisfacci\u00f3n, pero s\u00ed una gran calma de saber que ya se les reconocer\u00e1 como lo que son\u201d, reflexiona Pizarro.<\/p>\n\n\n\n
Frente a esto, los familiares impulsaron el proyecto de ley para que Chile reconociera oficialmente una tercera condici\u00f3n jur\u00eddica: personas vivas, muertas y personas ausentes por desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n\n\n\n
\u00abImpulsamos este proyecto de ley, que por suerte es una realidad, y ahora los familiares est\u00e1n en condici\u00f3n de que el Estado de Chile les reconozca como lo que son: personas ausentes por desaparici\u00f3n forzada. Que nadie diga la estupidez de que \u201cpensamos que est\u00e1n vivos\u201d. Sabemos que, con una dictadura tan sangrienta, eso es imposible\u00bb, sentencia la parlamentaria.<\/p>\n\n\n\n
Una deuda hist\u00f3rica<\/strong><\/p>\n\n\n\n Paulina Zamorano, abogada especialista en derechos humanos y ex jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretar\u00eda de Derechos Humanos, explic\u00f3 que esta medida busca saldar una deuda hist\u00f3rica con las familias, que durante d\u00e9cadas debieron realizar tr\u00e1mites individuales para acreditar la ausencia de sus seres queridos. El principal cambio es que el Estado asume directamente el reconocimiento de estas personas como v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada, en lugar de trasladar esa responsabilidad a sus familiares.<\/p>\n\n\n\n \u201cEra una deuda hist\u00f3rica, los familiares lo solicitaron desde el d\u00eda uno del retorno de la democracia. Fue una exigencia\u201d, relata Zamorano.<\/p>\n\n\n\n Esto tiene una dimensi\u00f3n tanto simb\u00f3lica como pr\u00e1ctica: permite entregar memoria, justicia y dignidad a las v\u00edctimas y sus familias, y facilita tr\u00e1mites patrimoniales y administrativos que antes generaban dificultades. Para implementar el registro, se trabaj\u00f3 con informaci\u00f3n recopilada por el Programa de Derechos Humanos. La n\u00f3mina oficial contempla 1.469 v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada, aunque Zamorano recalc\u00f3 que esta cifra es din\u00e1mica y puede modificarse a partir de nuevas investigaciones y resoluciones judiciales.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs el hecho de tener un documento por parte del Estado que acredita esa condici\u00f3n. Y eso es entregar justicia, memoria y dignidad a todas las v\u00edctimas, pero tambi\u00e9n a sus familiares\u201d, concluye la abogada.<\/p>\n\n\n\n La exjefa del Programa de Derechos Humanos tambi\u00e9n destac\u00f3 el impacto emocional y simb\u00f3lico del certificado para las familias: no entrega necesariamente informaci\u00f3n que ellas desconocieran, sino que constituye un documento oficial mediante el cual el Estado reconoce esa condici\u00f3n. Finalmente, Zamorano manifest\u00f3 preocupaci\u00f3n por posibles retrocesos institucionales impulsado por el gobierno de Jos\u00e9 Antonio Kast, como tambi\u00e9n ajustes presupuestarios y debilitamiento de organismos vinculados a los derechos humanos, y llam\u00f3 a la sociedad civil a mantenerse vigilante.<\/p>\n\n\n\n
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