Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a los recortes presupuestarios implementados durante los primeros meses del Gobierno de Kast. Las organizaciones sostuvieron que estas medidas no ser\u00edan s\u00f3lo ajustes fiscales, sino que estar\u00edan reduciendo las capacidades estatales para garantizar derechos.<\/p>\n\n\n\n
Entre los organismos mencionados se encuentran el Instituto Nacional de Estad\u00edsticas (INE), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), programas de Atenci\u00f3n Primaria de Salud, iniciativas relacionadas con pueblos ind\u00edgenas y pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero. En particular, se cuestion\u00f3 el Decreto Supremo N.\u00ba 338, que estableci\u00f3 un recorte transversal del 3% del gasto p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los antecedentes expuestos, el INE habr\u00eda sufrido un recorte de 652 millones de pesos y la eliminaci\u00f3n de la Encuesta Laboral. En el caso del INJUV, se se\u00f1al\u00f3 una proyecci\u00f3n de ca\u00edda cercana al 47% de su presupuesto y del 75% de su dotaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se denunciaron reducciones en programas de salud mental, prevenci\u00f3n del suicidio, atenci\u00f3n a personas mayores, poblaci\u00f3n migrante y personas trans.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones argumentaron que las medidas regresivas en derechos humanos deben ser justificadas, necesarias y proporcionales, adem\u00e1s de considerar el m\u00e1ximo de recursos disponibles.<\/p>\n\n\n\n
<\/a>Debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos<\/strong><\/h2>\n\n\n\nEl segundo eje estuvo relacionado con la eliminaci\u00f3n o reducci\u00f3n de organismos y programas especializados. Las organizaciones denunciaron un patr\u00f3n de desmantelamiento que podr\u00eda afectar las capacidades estatales para garantizar verdad, justicia, reparaci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Entre los casos expuestos estuvo la eliminaci\u00f3n de la Unidad de Identificaci\u00f3n y Registro de V\u00edctimas de Violencia Institucional y el cierre de la Unidad de B\u00fasqueda de Or\u00edgenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares. A esto se sum\u00f3 la reducci\u00f3n de equipos del Programa de Derechos Humanos y del Plan Nacional de B\u00fasqueda, Verdad y Justicia.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se denunci\u00f3 el retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos de la Contralor\u00eda, la eliminaci\u00f3n de la Unidad de Pueblos Ind\u00edgenas del Ministerio de Bienes Nacionales y la desarticulaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Verdad y Ni\u00f1ez.<\/p>\n\n\n\n
Otro punto de preocupaci\u00f3n fue el eventual debilitamiento de la autonom\u00eda y capacidad fiscalizadora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, adem\u00e1s de su posibilidad de presentar querellas.<\/p>\n\n\n\n
<\/a>Sitios de memoria y ex Colonia Dignidad<\/strong><\/h2>\n\n\n\nLa situaci\u00f3n de los sitios de memoria fue otro de los puntos centrales. Seg\u00fan los antecedentes presentados, en Chile existen 1.132 lugares identificados como centros de detenci\u00f3n, tortura y exterminio. Sin embargo, s\u00f3lo 72 han sido reconocidos oficialmente como sitios de memoria y 33 son administrados por organizaciones de derechos humanos. De estos \u00faltimos, s\u00f3lo cinco contar\u00edan con financiamiento permanente del Estado.<\/p>\n\n\n\n
La presentaci\u00f3n sostuvo que el presupuesto del Programa Sitios de Memoria habr\u00eda sufrido una reducci\u00f3n del 50%, dejando s\u00f3lo ocho sitios con recursos mediante concurso y obligando a otros a sostenerse principalmente mediante autogesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones se\u00f1alaron que estos espacios permiten preservar la memoria hist\u00f3rica, desarrollar procesos educativos y contribuir a las garant\u00edas de no repetici\u00f3n, por lo que su debilitamiento comprometer\u00eda las obligaciones internacionales asumidas por Chile.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los casos que gener\u00f3 mayor preocupaci\u00f3n fue la ex Colonia Dignidad. Las organizaciones cuestionaron la decisi\u00f3n del Gobierno de revertir la expropiaci\u00f3n del sitio y sostuvieron que el recinto contin\u00faa bajo propiedad privada de los perpetradores y sus herederos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan lo expuesto ante la CIDH, esto podr\u00eda dificultar la preservaci\u00f3n de infraestructura y evidencias relevantes para investigaciones judiciales y el Plan Nacional de B\u00fasqueda. Las organizaciones calificaron la decisi\u00f3n como un retroceso en materia de verdad, justicia, reparaci\u00f3n, memoria y garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
<\/a>Beneficios penitenciarios para condenados por cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/strong><\/h2>\n\n\n\nEl \u00faltimo eje abord\u00f3 el cumplimiento de condenas contra responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Las organizaciones cuestionaron las instrucciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, seg\u00fan denunciaron, habr\u00edan impedido a abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir en procesos relacionados con la revisi\u00f3n de penas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los antecedentes entregados, durante 2026 se registraron 47 solicitudes de condenados por cr\u00edmenes de lesa humanidad para acceder a beneficios como reducci\u00f3n de penas, arresto domiciliario, libertad condicional o acumulaci\u00f3n de condenas.<\/p>\n\n\n\n
De las 23 solicitudes que llegaron a audiencias en Cortes de Apelaciones, el Programa de Derechos Humanos no habr\u00eda intervenido o se habr\u00eda desistido de recursos en 20 ocasiones por instrucciones del Ministerio de Justicia.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones calificaron esta situaci\u00f3n como \u201cindultos pasivos\u201d, argumentando que la ausencia de oposici\u00f3n estatal podr\u00eda facilitar el acceso de condenados a beneficios penitenciarios y debilitar el cumplimiento efectivo de las penas. Adem\u00e1s, se\u00f1alaron que en dos casos se produjo la liberaci\u00f3n inmediata de los agentes y en otro se redujo la condena.<\/p>\n\n\n\n
<\/a>CIDH solicita informaci\u00f3n al Gobierno<\/strong><\/h2>\n\n\n\nTras escuchar los planteamientos, la CIDH solicit\u00f3 informaci\u00f3n al Ejecutivo sobre distintos aspectos de las medidas denunciadas, entre ellos el Plan Nacional de B\u00fasqueda, las evaluaciones realizadas antes de implementar cambios institucionales y los reajustes presupuestarios.<\/p>\n\n\n\n
Al cierre, las organizaciones solicitaron a la CIDH que inste al Estado chileno a prevenir retrocesos y preservar sus capacidades institucionales. Tambi\u00e9n pidieron fortalecer el reconocimiento y financiamiento de los sitios de memoria, avanzar en la expropiaci\u00f3n de la ex Colonia Dignidad y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas por violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, solicitaron que el organismo mantenga un seguimiento reforzado de la situaci\u00f3n en Chile, requiera informaci\u00f3n peri\u00f3dica al Estado y eval\u00fae una eventual visita al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
La situaci\u00f3n de los sitios de memoria fue otro de los puntos centrales. Seg\u00fan los antecedentes presentados, en Chile existen 1.132 lugares identificados como centros de detenci\u00f3n, tortura y exterminio. Sin embargo, s\u00f3lo 72 han sido reconocidos oficialmente como sitios de memoria y 33 son administrados por organizaciones de derechos humanos. De estos \u00faltimos, s\u00f3lo cinco contar\u00edan con financiamiento permanente del Estado.<\/p>\n\n\n\n
La presentaci\u00f3n sostuvo que el presupuesto del Programa Sitios de Memoria habr\u00eda sufrido una reducci\u00f3n del 50%, dejando s\u00f3lo ocho sitios con recursos mediante concurso y obligando a otros a sostenerse principalmente mediante autogesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones se\u00f1alaron que estos espacios permiten preservar la memoria hist\u00f3rica, desarrollar procesos educativos y contribuir a las garant\u00edas de no repetici\u00f3n, por lo que su debilitamiento comprometer\u00eda las obligaciones internacionales asumidas por Chile.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los casos que gener\u00f3 mayor preocupaci\u00f3n fue la ex Colonia Dignidad. Las organizaciones cuestionaron la decisi\u00f3n del Gobierno de revertir la expropiaci\u00f3n del sitio y sostuvieron que el recinto contin\u00faa bajo propiedad privada de los perpetradores y sus herederos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan lo expuesto ante la CIDH, esto podr\u00eda dificultar la preservaci\u00f3n de infraestructura y evidencias relevantes para investigaciones judiciales y el Plan Nacional de B\u00fasqueda. Las organizaciones calificaron la decisi\u00f3n como un retroceso en materia de verdad, justicia, reparaci\u00f3n, memoria y garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
<\/a>Beneficios penitenciarios para condenados por cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/strong><\/h2>\n\n\n\nEl \u00faltimo eje abord\u00f3 el cumplimiento de condenas contra responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Las organizaciones cuestionaron las instrucciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, seg\u00fan denunciaron, habr\u00edan impedido a abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir en procesos relacionados con la revisi\u00f3n de penas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los antecedentes entregados, durante 2026 se registraron 47 solicitudes de condenados por cr\u00edmenes de lesa humanidad para acceder a beneficios como reducci\u00f3n de penas, arresto domiciliario, libertad condicional o acumulaci\u00f3n de condenas.<\/p>\n\n\n\n
De las 23 solicitudes que llegaron a audiencias en Cortes de Apelaciones, el Programa de Derechos Humanos no habr\u00eda intervenido o se habr\u00eda desistido de recursos en 20 ocasiones por instrucciones del Ministerio de Justicia.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones calificaron esta situaci\u00f3n como \u201cindultos pasivos\u201d, argumentando que la ausencia de oposici\u00f3n estatal podr\u00eda facilitar el acceso de condenados a beneficios penitenciarios y debilitar el cumplimiento efectivo de las penas. Adem\u00e1s, se\u00f1alaron que en dos casos se produjo la liberaci\u00f3n inmediata de los agentes y en otro se redujo la condena.<\/p>\n\n\n\n
<\/a>CIDH solicita informaci\u00f3n al Gobierno<\/strong><\/h2>\n\n\n\nTras escuchar los planteamientos, la CIDH solicit\u00f3 informaci\u00f3n al Ejecutivo sobre distintos aspectos de las medidas denunciadas, entre ellos el Plan Nacional de B\u00fasqueda, las evaluaciones realizadas antes de implementar cambios institucionales y los reajustes presupuestarios.<\/p>\n\n\n\n
Al cierre, las organizaciones solicitaron a la CIDH que inste al Estado chileno a prevenir retrocesos y preservar sus capacidades institucionales. Tambi\u00e9n pidieron fortalecer el reconocimiento y financiamiento de los sitios de memoria, avanzar en la expropiaci\u00f3n de la ex Colonia Dignidad y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas por violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, solicitaron que el organismo mantenga un seguimiento reforzado de la situaci\u00f3n en Chile, requiera informaci\u00f3n peri\u00f3dica al Estado y eval\u00fae una eventual visita al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Tras escuchar los planteamientos, la CIDH solicit\u00f3 informaci\u00f3n al Ejecutivo sobre distintos aspectos de las medidas denunciadas, entre ellos el Plan Nacional de B\u00fasqueda, las evaluaciones realizadas antes de implementar cambios institucionales y los reajustes presupuestarios.<\/p>\n\n\n\n
Al cierre, las organizaciones solicitaron a la CIDH que inste al Estado chileno a prevenir retrocesos y preservar sus capacidades institucionales. Tambi\u00e9n pidieron fortalecer el reconocimiento y financiamiento de los sitios de memoria, avanzar en la expropiaci\u00f3n de la ex Colonia Dignidad y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas por violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, solicitaron que el organismo mantenga un seguimiento reforzado de la situaci\u00f3n en Chile, requiera informaci\u00f3n peri\u00f3dica al Estado y eval\u00fae una eventual visita al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
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